En medio de una economía que muestra signos de enfriamiento y con un mercado laboral tensionado por el aumento del desempleo y la informalidad, ha vuelto a instalarse en el debate público la discusión sobre la reforma al sistema de indemnización por años de servicio en Chile.

Esta medida forma parte de los pilares de protección al trabajador dentro del Código del Trabajo, pero ha generado opiniones divididas entre sindicatos, empresarios y autoridades, sobre todo por su posible modificación estructural.

El escenario actual presenta una disyuntiva compleja. Por un lado, están los esfuerzos por resguardar los derechos de los trabajadores frente a despidos, mientras que por otro, el creciente llamado de las empresas, en especial las pequeñas y medianas, que acusan rigidez y altos costos al desvincular a las personas, lo que podría estar afectando su capacidad de adaptarse a las nuevas realidades económicas.

¿Cómo funciona hoy la indemnización por años de servicio?

Actualmente, el Código del Trabajo establece que toda persona contratada bajo régimen indefinido y que sea despedida sin una causal justificada, tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, con un tope de once años. Este pago aplica sólo cuando el término del contrato se debe a razones como “necesidades de la empresa”, despido injustificado o desahucio unilateral y no se otorga en casos con causales como por ejemplo, el incumplimiento grave del contrato, abandono del trabajo, etc. Asimismo, tampoco se otorga al haber renuncia voluntaria por parte del trabajador.

Esta normativa se ha mantenido por décadas, y si bien protege al trabajador y entrega cierta estabilidad, también ha sido vista por sectores empresariales como una barrera para la contratación oportuna y flexible, especialmente en momentos de incertidumbre económica como el actual.

El dilema para las empresas: altos costos y falta de flexibilidad

Uno de los principales cuestionamientos al sistema vigente es el impacto financiero que implica para las empresas despedir a trabajadores con largos años de servicio. En las pequeñas y medianas empresas (pymes), esto puede significar un desbalance presupuestario importante, afectando la continuidad operacional o incluso desincentivando contrataciones indefinidas.

Por esta razón, desde el mundo empresarial se plantea que la actual fórmula no se ajusta a la evolución del mercado laboral, donde existe una alta rotación, múltiples tipos de vínculo laboral y un creciente número de trabajadores que no acceden a estos beneficios por no cumplir con las condiciones contractuales exigidas.

Además, muchos empleadores denuncian que la obligación de indemnizar hasta por once años puede obstaculizar la toma de decisiones en momentos clave, como reestructuraciones, crisis económicas o adaptación a nuevas tecnologías. Todo esto genera una presión adicional sobre la sostenibilidad de los negocios, sobre todo en sectores donde los márgenes operativos son reducidos.

Las propuestas en discusión: desde el seguro de cesantía reforzado a la indemnización proporcional

La discusión sobre las diversas propuestas para reformular el actual modelo de indemnización ya se está dando entre los expertos e incluso en el parlamento nacional. Y una de las opciones más repetidas apunta directamente a reemplazar el sistema tradicional por esquemas más modernos y flexibles, que buscan equilibrar la protección del trabajador con una mayor facilidad para las empresas al momento de desvincular personal.

Una de las ideas más comentadas es la indemnización proporcional acumulada desde el primer día de trabajo, sin necesidad de años mínimos de permanencia ni vinculación con causales específicas de despido. Bajo este modelo, cada trabajador recibiría un monto acumulado mensualmente como parte de su relación laboral, similar a un fondo que crece en el tiempo y se entrega al finalizar el vínculo, sin importar el motivo del término.

Otra propuesta relevante es la de reforzar el seguro de cesantía, haciéndolo más robusto en cuanto a cobertura y montos, para que actúe como un verdadero colchón económico frente a la pérdida de empleo. En esta línea, algunos sectores plantean incluso eliminar la indemnización por años de servicio como se conoce hoy, reemplazándola por un sistema de ahorro individual, solidario y portable entre trabajos.

También existen visiones intermedias que proponen reducir el tope de años indemnizables de 11 a 5 años, o establecer un sistema mixto que combine un fondo de indemnización con la permanencia de la normativa actual en casos excepcionales.

De todas formas, estas discusiones se encuentran en fase inicial y no se han materializado como un proyecto de ley o como una propuesta formal por parte del Congreso o el Ejecutivo.

Visiones contrapuestas y desafíos hacia una reforma equilibrada

Una visión contraria a la señalada por los empresarios es la de los sectores sindicales, quienes han manifestado su preocupación frente a algunas de estas propuestas, señalando que podrían debilitar la protección laboral en un contexto donde la estabilidad en el empleo ya se ve afectada por la automatización, la informalidad y la alta rotación.

Para estos grupos, cualquier reforma debería contemplar mecanismos de fortalecimiento de derechos y no considerar la eliminación de los mismos, además de garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en caso de despido.

Por su parte, las organizaciones empresariales han expresado que una modernización de la indemnización permitiría incentivar la contratación indefinida, al reducir los temores por los costos de una eventual desvinculación, especialmente en sectores intensivos en capital humano.

De todas formas, en ambos casos el sistema requiere una revisión integral que considere el nuevo contexto del trabajo en Chile, caracterizado por cambios rápidos, transformaciones digitales y condiciones laborales más diversas. Así, una eventual reforma deberá encontrar el equilibrio adecuado entre flexibilidad para las empresas y seguridad económica para los trabajadores.

¿Qué viene ahora en esta discusión?

Si bien no existe un proceso de conversación o negociación concreto, el Gobierno ha señalado que está abierto a revisar las distintas propuestas que surjan desde el Congreso en esta materia, siempre y cuando se mantenga el principio de protección a los trabajadores.

En este escenario, el futuro del sistema de indemnización por años de servicio dependerá de la capacidad de los distintos actores para llegar a consensos que reconozcan la diversidad del mundo del trabajo actual.

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