El pasado 1 de agosto marcó el inicio de una de las transformaciones más relevantes del sistema previsional chileno en décadas. Con la entrada en vigencia de la primera etapa de la reforma de pensiones, los empleadores comenzaron a realizar un aporte adicional del 1% al ahorro previsional de cada trabajador, dando el puntapié inicial a una serie de cambios que se implementarán de forma gradual en los próximos años.

La medida, que forma parte de la nueva Ley de Reforma Previsional impulsada por el Gobierno y aprobada en el Congreso a inicios de este año, busca fortalecer las pensiones de los trabajadores actuales y futuros, avanzar hacia un sistema más equitativo y responder a la demanda social de mejores jubilaciones.

La reforma no sólo involucra un aumento en los aportes, sino también cambios estructurales en la forma en que se administran los fondos, nuevas instituciones públicas, nuevas reglas de solidaridad entre generaciones y nuevas responsabilidades tanto para las empresas como para los trabajadores.

Un cambio progresivo, pero con efectos inmediatos

Aunque el incremento del 1% puede parecer pequeño en el corto plazo, su implementación marca un hito importante, ya que con esta modificación los empleadores participarán directamente en el financiamiento de las futuras pensiones, más allá del 10% que cada trabajador aporta desde su salario mensual.

El nuevo porcentaje se calcula sobre la remuneración imponible y es de cargo exclusivo del empleador. Esto significa que no reduce el sueldo líquido del trabajador, pero sí implica una nueva obligación para las empresas, que ya están ajustando sus sistemas de pago y reportes para cumplir con la normativa.

Cabe destacar que este 1% adicional no va a la cuenta individual de cada trabajador, sino que se deposita en un fondo colectivo administrado por el nuevo Inversor Público Autónomo (IPA), una entidad estatal que operará junto a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y que será responsable de gestionar parte del ahorro previsional con un enfoque más social y con criterios de rentabilidad y sostenibilidad.

¿Qué viene en los próximos años?

La reforma considera que cada año se sume un punto porcentual adicional con cargo al empleador, hasta llegar al 6% en 2030. De ese total, una parte irá a las cuentas individuales y otra al fondo solidario, lo que aún está siendo afinado en los reglamentos que se dictarán en los próximos meses.

Además del nuevo porcentaje de cotización, la reforma contempla la creación del Administrador Previsional Autónomo (APA), institución que será responsable del pago de pensiones y recaudación de cotizaciones, reemplazando muchas de las funciones que hoy ejercen las AFPs. También se establecerá una Pensión Garantizada Universal (PGU) fortalecida, con mayor cobertura y montos actualizados, beneficiando especialmente a quienes tienen lagunas previsionales y a los mayores de 82 años, quienes recibirán un monto de $250.000.

Otro de los pilares de la reforma es el nuevo diseño de la industria previsional, donde las AFPs podrán seguir existiendo, pero competirán con el nuevo inversor público, lo que se espera fomente una mejor gestión de los fondos y una reducción en las comisiones que pagan los afiliados.

Este rediseño también busca entregar más herramientas a los trabajadores, como la posibilidad de elegir entre distintos gestores de inversión, revisar comparativos de rentabilidad y conocer con mayor claridad cuánto están ahorrando y cuánto recibirán al jubilar.

Impacto en trabajadores, empleadores y el sistema previsional

Para los trabajadores, el principal efecto de la reforma se verá a largo plazo, ya que al aumentar el monto del ahorro acumulado, se espera que las pensiones sean significativamente mejores que las actuales.

Además, las personas que accedan a la PGU podrán complementar ese monto con su pensión autofinanciada y con aportes del fondo colectivo, lo que permitirá una jubilación más digna.

Para los empleadores, en cambio, el impacto es inmediato. A partir de este mes deberán asumir el costo del nuevo porcentaje y adaptarse a una mayor carga administrativa. Aunque muchas grandes empresas ya se habían preparado para este cambio, en el caso de las pequeñas y medianas empresas la implementación puede representar un desafío. Por eso, el Gobierno está desarrollando acompañamiento técnico y simplificaciones para facilitar el cumplimiento, especialmente en los primeros meses de vigencia.

Desde una mirada más amplia, la reforma busca equilibrar el modelo actual, basado en la responsabilidad individual, con mecanismos de solidaridad entre las distintas generaciones de trabajadores y considerando temas de igualdad de género, algo que se encuentra en línea con las tendencias de otros países miembros de la OCDE.

Una reforma que recién comienza

Aunque ya se han dado los primeros pasos concretos, la reforma de pensiones es un proceso de largo aliento. Su éxito no dependerá solo de los cambios normativos, sino también de su implementación efectiva, la fiscalización adecuada, el monitoreo de resultados y la capacidad del sistema para adaptarse a nuevos desafíos, como la informalidad laboral, el envejecimiento de la población y las brechas de género.

Los próximos meses serán clave para evaluar cómo está funcionando el nuevo aporte del 1% y cómo se preparan las instituciones para los siguientes hitos. También será una oportunidad para que trabajadores y empleadores se informen, comprendan sus derechos y obligaciones, y participen activamente en la construcción de este nuevo sistema previsional.