La propuesta impulsada por el Gobierno para que cada trabajador obtenga un sueldo líquido de al menos 300 mil pesos sigue paralizada en el parlamento. Conoce acá los detalles de la propuesta y la discusión que ha atrasado su aprobación.

Dentro del plan de fortalecimiento del empleo y protección a los trabajadores impulsado por el Gobierno tras las manifestaciones sociales de los últimos meses, uno de los aspectos que más polémica ha generado es el proyecto sobre Ingreso Mínimo Garantizado, el cual propone que ningún trabajador que tenga jornada laboral completa gane menos de $300.000 líquido mensual.

De todas formas, si bien todos los actores políticos y sociales han concordado en la necesidad de aumentar el ingreso de los trabajadores que se encuentran en los quintiles económicos más bajos, la distancia entre las distintas posturas radica en los montos de este incremento y en el financiamiento que tendrá el proyecto, ya sea estatal o privado.

Por esto, a continuación te explicamos cómo funcionará este subsidio, quiénes podrán acceder al mismo y las repercusiones que ha generado su ya extensa discusión en las dos cámaras legislativas del país.

¿Cómo funcionaría este bono?

En la práctica, el aporte referido al Ingreso Mínimo Garantizado propuesto por el Gobierno correspondería a un bono que complemente al sueldo bruto de cada trabajador, para que luego de los descuentos previsionales y de salud su remuneración sea de al menos $300.000 líquidos.

Por esta razón, el monto que recibirá cada trabajador será determinado de manera gradual entre quienes actualmente tengan un sueldo bruto entre $301.000 -equivalente al sueldo mínimo actual- y 384 mil pesos. Con este cálculo, el aporte máximo estatal será de $59.200, cifra que irá decreciendo a medida que el ingreso bruto del colaborador sea mayor.

De todas formas, este aumento no implicará mayores gastos a cada empresa, ya que el total del monto será costeado exclusivamente por el Estado. Así, el empleador no verá afectadas sus finanzas y podrá mantener a su planta de trabajadores sin elevar sus costos, lo que permitirá proteger el empleo en los próximos meses.

En este escenario, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith , destacó a DiarioConcepción

"sin duda, es un buen esfuerzo del Estado, lo que tiene un aspecto positivo: no afectará a las empresas, por lo tanto, no atentará directamente contra el empleo. Alguien tiene que financiar esto y que se asegure la condición de permanente es lo más importantes. De lo contrario se cae a endeudamiento para solventar gastos permanentes y eso es muy complejo"

Carlos Smith, economista de la Universidad del Desarrollo.

La discusión se mantiene

A pesar de haber sido una de las primeras propuestas realizadas por el Ejecutivo en medio de la crisis, el avance de este proyecto en el parlamento de nuestro país ha sido considerablemente lento, debido a la gran cantidad de modificaciones e indicaciones realizadas por el oficialismo y la oposición.

Por ejemplo, en su comienzo la discusión se vio entrampada por la idea de aumentar el salario mínimo legal a, al menos, $350.000, lo que también llevaría a que cada trabajador recibiera cerca de 300 mil pesos líquidos, pero que cargaba el financiamiento total del aumento a cada empleador, lo que podría haber puesto en peligro muchos puestos de trabajo considerando el actual escenario de crisis que vive el país.

Al mismo tiempo, la propuesta original anunciada por el Presidente Sebastián Piñera contemplaba un bono gradual con un máximo de de $49.000 para cada trabajador, monto que tuvo que aumentar a los $59.200 ya mencionados, debido al incremento en la retención previsional a contar de enero de 2020 y para redondear en $300.000 el sueldo líquido percibido por cada colaborador.

Otra de las propuestas que ha retrasado la tramitación del proyecto es la definición sobre qué empresas podrán acceder a este subsidio. Si bien la propuesta gubernamental incluía a todos los trabajadores, desde la oposición se trató de impulsar al idea de que este aporte sólo fuera para Pequeñas y Medianas Empresas con ventas anuales inferiores a 75 mil UF, indicación que fue aprobada en primera instancia en la Comisión de Trabajo del parlamento, pero luego dejada sin efecto por su par de Hacienda.

Con todos estos aspectos pendientes, es muy difícil que el proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado vea la luz antes de mayo de este año, ya que debido al retraso que vivió entre diciembre y enero pasado, recién en el cierre del primer mes de 2020 fue aprobado particularmente por la Comisión de Hacienda.

De esta manera, la última etapa de discusión en el Senado comenzaría recién a mediados de marzo, por lo que su votación deberá esperar hasta abril próximo.