En los últimos años, el mundo laboral ha impulsado diversos programas para promover la inclusión en el trabajo de manera eficaz, especialmente a partir de la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral en 2018.

De esta manera, se ha orientado el ambiente laboral para evitar todo tipo de discriminación hacia personas con discapacidad, eliminando las desigualdades salariales e intentando brindar espacios de trabajo seguros, permitiendo que casi un 90% de las empresas en Chile ya cuenten con trabajadores con alguna discapacidad.

Pero los cambios que ha sufrido la industria han llevado a que la normativa tenga que ser estudiada y actualizada a los nuevos tiempos. Asimismo, la emergencia sanitaria y posterior crisis económica estancaron o afectaron el avance de estas políticas en el mundo empresarial, por lo que se hacía necesario actualizar, además de corregir y mejorar situaciones que se arrastraban desde la implementación inicial de la ley.

Por esto, a principios de 2022 ya se habían generado algunas modificaciones a la Ley 21.015, los cuales fueron profundizados en la nueva norma que comenzó a regir hace algunas semanas, buscando la mejora continua de las condiciones laborales para las personas discapacitadas.

Creación de los Gestores de Inclusión

El principal cambio a la Ley de Inclusión Laboral y que entró en vigencia el pasado 1 de noviembre fue la obligación de las empresas de más de 100 colaboradores a contar con un Gestor de Inclusión Laboral entre sus trabajadores.

Este gestor estará encargado de velar por el cumplimiento de las normas dictadas por la Ley a interior de la empresa, realizando un diagnóstico de cómo vive la inclusión cada área y gestionando planes de capacitación y mejora continua relacionados a la inclusión de personas con discapacidad.

En esta línea, el Gestor de Inclusión de cada empresa debe contar con una certificación como experto en la materia a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora.

Este proceso irá en directa relación con la mejora en la preparación de las empresas para poder contar con herramientas de inclusión, más si se considera que solo un 60% de las empresas en el país cuenta con un encargado de inclusión o con un área preparada para estas tareas.

¿Qué otros cambios trae la actualización de la ley?

Entre las nuevas tareas que impone la ley a las empresas, se encuentra crear e implementar nuevas políticas y protocolos internos, entregando oportunidades igualitarias y desarrollando instancias que promuevan la inserción de las personas con discapacidad, no sólo dentro de un cargo, sino que como parte de un equipo laboral.

En esta línea, se deberá realizar programas de capacitación dentro del personal de cada empresa de manera periódica, para actualizar al resto de los trabajadores, entregando herramientas a cada colaborador para que apoye de manera efectiva a la inclusión en su espacio de trabajo.

De esta manera, se puede brindar espacios seguros de trabajo, ya sea de manera física, psicológica y social, a las personas con discapacidad, garantizando su acceso real al mundo laboral con respecto e integridad.

Si bien el proceso de la Ley de Inclusión Laboral ya había conseguido importantes logros a la hora de revisar las oportunidades existentes en nuestro país, la actualización de la normativa ya se hacía necesaria a ojos de la industria.

Por esto, la modificación de la Ley de Inclusión Laboral bajo los cánones que se han implementado a partir de este año, brinda un excelente marco de acción para las empresas, las cuales estarán cada vez más preparadas para la inclusión de las personas con discapacidad en distintas áreas.

Así, con cambios importantes, pero necesarios, dentro de la industria, también se promoverá a nivel social un mejor estatus para aquellas personas que tengan alguna discapacidad, permitiendo su desarrollo personal y profesional en un ambiente inclusivo y seguro.